El nuevo régimen permitirá regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo régimen de facilidades de pago para la regularización de deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

El plan fue formalizado este jueves mediante la Resolución General 5711/2025, publicada en el Boletín Oficial, para posibilitar que contribuyentes y responsables regularicen obligaciones vencidas hasta el 30 de abril de 2025, sin reducción de intereses ni liberación de sanciones.

El régimen permite regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidos sus accesorios; retenciones y percepciones impositivas; y obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación, sumado a liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses.

La medida está dirigida a personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (tramo 1 y 2), entidades sin fines de lucro, empresas del sector salud y el resto de los contribuyentes.

Entre las características que contiene la iniciativa, se incluyen que el pago a cuenta se calculará sobre el total de la deuda consolidada; las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con un monto mínimo de $2.000; y no existirán restricciones en la cantidad de planes de facilidades de pago a presentar.

Además, la normativa estipuló que el plan caducará a los 60 días corridos desde que se verifique la falta de pago de dos cuotas, sean consecutivas o alternadas, y dispuso que la tasa fija será del 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente.
Condiciones por tipo de contribuyente:

Personas humanas, sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y sector salud:
➡ Pago a cuenta: 10%
➡ Hasta 60 cuotas
Medianas empresas (tramo 1 y 2, excepto personas humanas y sucesiones indivisas):
➡ Pago a cuenta: 15%
➡ Hasta 48 cuotas
Resto de los contribuyentes:
➡ Pago a cuenta: 20%
➡ Hasta 36 cuotas

El acogimiento al nuevo régimen podrá realizarse desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre de 2025, ambos inclusive, a través del sistema informático “Mis Facilidades” con Clave Fiscal.

No podrán adherirse condenados por delitos tributarios, aduaneros o conexos, ni las personas jurídicas cuyos directivos hayan recibido condenas por estas transgresiones de la ley, siempre que exista sentencia firme y la pena no esté cumplida. Tampoco podrán aplicar los responsables solidarios y los garantes de obligaciones impositivas y aduaneras.

Las obligaciones que quedan excluidas del régimen son las retenciones y percepciones previsionales (excepto aportes personales de trabajadores en relación de dependencia), anticipos y pagos a cuenta, el impuesto al valor agregado por servicios digitales y del exterior, aportes y contribuciones a obras sociales (salvo para monotributistas).

Además, tampoco estarán contempladas las cuotas a aseguradoras de riesgos del trabajo, los aportes al régimen de empleados domésticos y rurales, impuestos internos sobre cigarrillos, cuotas de planes de facilidades de pago vigentes, tributos derivados de infracciones al régimen de equipaje aduanero, e intereses, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la implementación del régimen en su cuenta de X, indicando que “creo que esta regularización que estamos anunciando vía ARCA, va a ser muy bien recibida, especialmente por las pymes” y adelantó que “en los próximos días estaremos bajando la tasa de interés resarcitoria del 4% al 2,75%”.

Fuente: LT10

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata llevaron a cabo una investigación que comprobó el daño a la piel que generan las lámparas de secado de esmalte de uñas. Los detalles del estudio y las recomendaciones para el uso.

Un estudio del Conicet reveló que apenas cuatro minutos bajo lámparas LED/UVA de secado semipermanente son suficientes para alterar moléculas clave de la piel, como la enzima tirosinasa, y aumentar el riesgo de fotoalergias, fototoxicidad y cáncer cutáneo.

Viví Mejor dialogó con los investigadores que participaron de este estudio, pertenecientes al Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Conicet.

Detalles de la investigación

"Se estudió si una lámpara empleada para el secado de esmalte de uñas es capaz, en un ciclo de manicura convencional, de producir la degradación química de moléculas que se encuentran naturalmente en piel", señaló María Laura Dántola, investigadora del Conicet y docente de la UNLP.

Además, también se estudio si las lámparas son capaces de "generar productos compuestos que pueden provocar la pérdida de la función biológica de una de las enzimas responsables de la síntesis de melanina, como así también, la permeación de membranas lipídicas".

"En una primera instancia, lo que hicimos fue caracterizar el tipo de radiación que emiten este tipo de dispositivos, no solo en longitud de onda de emisión, sino también en la intensidad y lo que observamos es que la dosis de radiación que emiten estos dispositivos es comparable a la dosis de radiación recibida al mediodía en el mes de octubre en el suelo platense", agregó.

"Por el diseño de estos dispositivos, toda la mano se expone tanto a la radiación UVA como a la luz visible. En este trabajo pudimos demostrar que durante un ciclo de manicura hay zonas de la mano que se encuentran innecesariamente expuestos a la radiación", indicó la especialista.

Riesgos para la salud

Diferentes estudios científicos, publicados hace muchos años, demuestran que la exposición crónica a una fuente de radiación, como por ejemplo el sol o este tipo de cabinas para el secado del esmalte de uñas, "puede desencadenar diferentes tipos de patologías como fotoenvejecimiento, fototoxicidad, fotoalergia e incluso cáncer de piel", aseguró Dántola.

Recomendaciones

La investigadora brindó algunas recomendaciones para los usuarios. Lo que más se destaca es la concientización que promueven los científicos: "Una persona debe saber a qué tipo de radiación se está exponiendo, esto es fundamental. Si uno sabe que tipo de radiación es, se puede cuidar".

"Aquellas personas que manejan dispositivos que emiten radiación también deben conocer los riesgos que implican y el cuidado que deben tener", agregó.

Es fundamental cuidar la zona de la piel que no necesita exponerse a la radiación con el uso de protector solar de amplio espectro y guantes de cubran la zona. Además, es importante regular la frecuencia de uso de estas cabinas, "evitando su uso casero de manera indiscriminada", concluyó Dántola.

Más de la mitad de las familias argentinas no logra cubrir su alimentación con los ingresos mensuales y recurre a financiamiento con tarjetas. Afuera de los datos, la tensión social es palpable y los expertos advierten sobre un ciclo peligroso de endeudamiento y desigualdad.

La crisis económica y la escalada de precios de los alimentos en la Argentina llevaron a que la tarjeta de crédito dejara de ser un método de pago ocasional para transformarse en una herramienta de supervivencia cotidiana. Según un estudio en todo el país del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba, durante marzo, el 43,5% de las familias usó la tarjeta de crédito para comprar alimentos, mientras que el 37,8% pidió fiado y el 6,2% recurrió a familiares o amigos para obtener dinero prestado.

El panorama es contundente: más de la mitad de la población no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación con los ingresos mensuales, reflejando el dramático impacto de la inflación en los alimentos y servicios y el estancamiento salarial.

Un fenómeno extendido en todo el país

El endeudamiento para comer no es un fenómeno aislado de Córdoba: un reciente informe del mismo instituto, realizado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reveló que el 91% de los hogares argentinos mantiene algún tipo de deuda, con un crecimiento particular en el uso de tarjetas de crédito. La mayoría de estas deudas se originaron en 2024, tras la devaluación de diciembre de 2023 y la escalada inflacionaria del primer cuatrimestre del año siguiente.

Comer en cuotas: un síntoma de desigualdad

Celina Calore, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, alertó sobre la gravedad de financiar consumos básicos: “Estamos en una situación preocupante. Se está usando el financiamiento para la compra de alimentos, que deberían poder pagarse con el flujo de ingresos, no con endeudamiento”.

La economista explicó durante un debate realizado por Radio UNR, que la desigualdad se profundiza porque mientras algunos sectores aprovechan el crédito para inversiones, la clase trabajadora está obligada a endeudarse para comer. Además, remarcó que la informalidad laboral, que alcanza cerca del 60%, agrava el problema y deja fuera de toda herramienta de financiamiento a los más vulnerables.
Comerciantes reducen el stock para pagar servicios

Juan Milito, referente de la Cámara de Almaceneros de Rosario, coincidió en que la crisis se profundizó en el último año y medio. “La gente ya no llega a fin de mes. Muchos comercios sobreviven comiéndose el stock para pagar la energía eléctrica, que subió de $100.000 a $500.000”, relató.

Para Milito, la situación es insostenible: “Si seguimos así, vamos a comer en cuotas. El consumo está tan restringido que parece que el mes tiene 40 días. Después del día 20, la gente deja de comprar”, dijo.
Estrategias desesperadas para sostener el consumo

Paula Durán, de la Usina de Datos de la UNR, detalló que el 53% de los hogares recurre a compras en cuotas, el 15% a préstamos con bancos y otro 15% a dinero prestado por familiares o amigos. “Son estrategias alternativas porque los ingresos ya no alcanzan”, afirmó.

Además, Durán remarcó que tras la devaluación y el salto inflacionario, “el salario se licuó y la proporción que queda para gastos básicos es cada vez menor”.

Fuente: La Opinión Austral

La aeronave de Air India, con 232 pasajeros y 12 tripulantes, se estrelló minutos después del partir desde del aeropuerto de Ahmedabad. Emergencia activa y rescate en curso.

El jueves 12 de junio, un vuelo de Air India (AI171) partió rumbo a Londres Gatwick desde Ahmedabad a las 13:17 (hora local). Minutos después perdió contacto y se precipitó en la zona residencial de Meghani Nagar, cerca de la terminal

El Boeing 787‑8 Dreamliner llevaba entre 230 y 232 pasajeros junto a 12 tripulantes, sumando un total de 244 ocupantes

Después del desplome, una densa columna de humo negro cubrió el área, visible desde varios puntos de la ciudad. Bomberos desplazaron al menos siete camiones al lugar, en tanto ambulancias atendieron a posibles sobrevivientes .

Las vías de acceso fueron cerradas para permitir el paso de equipos de emergencia que, junto a policías y civiles, trabajan en labores de rescate y contención del incendio

Las operaciones en el aeropuerto de Ahmedabad fueron suspendidas tras el accidente, según comunicó la autoridad local.

Los ministros indios Amit Shah (Interior) y Ram Mohan Naidu Kinjarapu (Aviación Civil) activaron los protocolos de emergencia, movilizaron recursos y se trasladaron al lugar para coordinar acciones.

Fuente: Cronica

El Tribunal Oral Federal N°2 citó a la exvicepresidenta y a otros ocho condenados en la causa Vialidad. El ministerio de Seguridad deberá definir su lugar de alojamiento.

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, el que llevó adelante el juicio por la Causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena a seis años de prisión.

En tal sentido, requirió al Ministerio de Seguridad que en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento. "Para determinar el lugar de detención, se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas", agregó.

La medida alcanza también Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, todos sentenciados en 2022 por maniobras irregulares en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El TOF N°2 dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación asigne, en un plazo de 24 horas, una dependencia adecuada de las fuerzas federales para alojar a los condenados. Se indicó que la elección del lugar de detención deberá contemplar «las características particulares individuales» de cada uno de los involucrados.

Por su parte, desde el TOF 2 se detalló que "una vez cumplidas las detenciones, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que cada una de las personas nombradas sea ingresada en calidad de condenada a las dependencias que les sean asignadas, y practíquese de inmediato el cómputo de pena correspondiente a cada situación".

Condena a Cristina Kirchner: podrá solicitar prisión domiciliaria

La expresidenta Cristina Kirchner tiene 72 años y, teniendo en cuenta que la ley prevé que pueda pedir prisión domiciliaria desde los 70, se espera que cumpla su condena de esta forma, aunque la concesión no es automática y debe ser autorizada por la Justicia. Este trámite puede llevar semanas.

Otro punto a tener en cuenta es la situación de seguridad de Cristina Kirchner, tanto por el rol que ocupó como presidenta dos veces como por el intento de asesinato que sufrió en 2022. Por ese motivo, su lugar de detención debe ser definido con especial atención.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ahora el Tribunal Oral tendrá que notificar a la Cámara Nacional Electoral para eliminar a la expresidenta del padrón electoral, requisito indispensable para poder ser electo.

Fuente: Minutouno

La provincia anunció una transformación insólita: se disuelve la Policía de Seguridad Vial y se crea una Guardia Provincial. Los controles los harán civiles formados especialmente.

Santa Fe avanza en una profunda reforma del esquema de seguridad vial: la Policía de Seguridad Vial deja de existir y es reemplazada por una nueva Guardia Provincial que trabajará junto a civiles capacitados específicamente para realizar controles en rutas. Así lo confirmó Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en una entrevista con radio Aire de Santa Fe.

La medida ya fue oficializada mediante decreto y establece una transición gradual, durante la cual los actuales efectivos continuarán prestando funciones hasta que los civiles sean incorporados y formados.

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Santa Fe avanza en una profunda reforma del esquema de seguridad vial: la Policía de Seguridad Vial deja de existir y es reemplazada por una nueva Guardia Provincial que trabajará junto a civiles capacitados específicamente para realizar controles en rutas. Así lo confirmó Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en una entrevista con radio Aire de Santa Fe.

La medida ya fue oficializada mediante decreto y establece una transición gradual, durante la cual los actuales efectivos continuarán prestando funciones hasta que los civiles sean incorporados y formados.
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Según detalló Torres, actualmente existen alrededor de 550 policías viales, formados en el ISEP, que hasta ahora se dedicaban exclusivamente al control del tránsito en rutas provinciales y nacionales.

Con la nueva disposición, estos efectivos pasarán a formar parte de la Guardia Provincial, un cuerpo más amplio que también se ocupará de tareas de seguridad pública: desde requisas y búsqueda de personas, hasta delitos rurales y narcotráfico. En paralelo, la Agencia de Seguridad Vial será fortalecida con la incorporación de personal civil, cuya capacitación estará a cargo del propio organismo.

“La idea es que en la ruta estén los civiles haciendo los controles, asistidos por un integrante de la Guardia Provincial”, explicó Torres.

La figura del inspector civil: una nueva cara en las rutas santafesinas

Tal como sucede en ámbitos municipales, los controles de velocidad, documentación y alcoholemia pasarán progresivamente a estar a cargo de personal no policial, específicamente entrenado para esa tarea. Esto, según el funcionario, facilitará la formación y especialización, ya que no requerirá el proceso integral de formación policial. “Es un cambio de paradigma. Queremos que los controles estén a cargo de personas capacitadas exclusivamente en seguridad vial”, afirmó.

La provincia ya cuenta con más de 100 civiles trabajando en áreas de educación y prevención vial, pero por primera vez estarán a cargo del control operativo en las rutas. La transición se concretará en un plazo estimado de cuatro meses, aunque podría extenderse dependiendo del avance del plan de formación.

Dónde operarán y cómo será el despliegue

La Agencia de Seguridad Vial tiene competencia sobre todas las rutas y autopistas de la provincia, tanto nacionales como provinciales, pero no dentro del ejido urbano. Los civiles estarán presentes en los principales corredores, acompañados por la Guardia Provincial.

Durante el proceso de transición, los actuales policías viales seguirán activos, especialmente en operativos clave como el control de camiones en el Gran Rosario. “No vamos a prescindir de los policías hasta que los civiles estén completamente formados”, aclaró Torres.

El hecho ocurrió en la ciudad de Graz, la segunda más grande de Austria. Perdieron sus vidas alumnos, adultos y el agresor. Hay cuatro heridos en estado crítico

Al menos diez personas, entre alumnos, adultos y el agresor, murieron este martes en un tiroteo en una escuela de enseñanza secundaria de la ciudad de Austria, Graz, según confirmó la alcaldesa, Elke Kahr. Además, 28 heridos se encuentran hospitalizados, de los cuales cuatro están en estado crítico.


Masacre en la escuela

Las fuerzas especiales fueron enviadas al instituto BORG Dreierschützengasse después de una llamada a las 10 de la mañana, hora local.

Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se encuentra en el sureste del país y tiene alrededor de 300.000 habitantes.

El periódico local Kronen Zeitung pudo conversar con el esposo de una maestra que estuvo atrincherada en una de las aulas con sus alumnos. La docente dijo haber escuchado varios disparos.

Al menos diez personas, entre alumnos, adultos y el agresor, murieron este martes en un tiroteo en un centro de enseñanza secundaria de la ciudad austríaca de Graz, según confirmó la alcaldesa, Elke Kahr.

Además, 28 heridos se encuentran hospitalizados, de los cuales cuatro están en estado crítico.

Las fuerzas especiales fueron enviadas al instituto BORG Dreierschützengasse después de una llamada a las 10 de la mañana, hora local.

Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se encuentra en el sureste del país y tiene alrededor de 300.000 habitantes.

El periódico local Kronen Zeitung pudo conversar con el esposo de una maestra que estuvo atrincherada en una de las aulas con sus alumnos. La docente dijo haber escuchado varios disparos.

Los padres de los alumnos que lograron escapar ya han podido ver a sus hijos.

La cadena ORF informó, citando a la Policía, que un estudiante fue el autor de la balacera, que provocó la evacuación de la escuela. Este joven había sido víctima de acoso escolar.

El tiroteo dejó varios heridos graves, incluidos estudiantes y profesores, afirmó el portavoz de la Policía, Fritz Grundnig, citado por los medios locales.
Hubo otro hecho de tiroteo y muerte hace 10 años en Graz

El hecho ocurrió poco antes del décimo aniversario de la masacre de Graz del 20 de junio de 2015, en la que murieron tres personas y que muchos habitantes de la ciudad aún recuerdan hoy.

Sin embargo, los ataques en lugares públicos son poco frecuentes en Austria, un país miembro de la Unión Europea de nueve millones de habitantes, que está entre los 10 Estados más seguros del mundo, según la lista de Global Peace Index.

En febrero, un adolescente murió apuñalado y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque ocurrido en el sur de la nación. Un solicitante de asilo sirio de 23 años fue detenido durante el incidente.

Fuente: Uno Santa Fe

Al quedar firme la sentencia en la causa Vialidad, la expresidenta queda inhabilitada para volver a ocupar un cargo público; podría cumplir arresto domiciliario; la pena es por seis años

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.

La decisión confirmada hoy sacude a todo el sistema político. Cristina Kirchner es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, aún la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

Por su edad, 72 años, Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. Esperó el pronunciamiento de la Corte rodeada de dirigentes y militantes en la sede del PJ.

La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Quedó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.

Los jueces Rosatti y Rosenkrantz hicieron un voto conjunto al que se sumó luego Lorenzetti. Los tres rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir, en su recurso de queja, la condena en su contra.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.

Todo se precipitó esta mañana, cuando Rosatti informó que los jueces se reunirían para tratar el asunto, algo inusual en la comunicación de la Corte.

Los jueces consideran a Cristina Kirchner responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Después de la segunda instancia, la expresidenta había presentado un recurso de queja ante la Corte, mientras que el fiscal Mario Villar reclamaba duplicar la pena a 12 años (a partir de agregar el delito de asociación ilícita).

Las señales de que llegaría una decisión del máximo tribunal se aceleraron la semana pasada, cuando los tres jueces rechazaron “sin más trámite” la recusación del juez Ricardo Lorenzetti que presentó la defensa de la expresidenta.

Ella lo tomó como una confirmación de lo que vendría. El sábado, en un acto en Corrientes, dijo: “Hay que estar atentos a que me metan presa”. Y añadió: “Mirá cómo tiemblo”. El lunes organizó un acto en la sede porteña del PJ para convocar a una resistencia política, del que participó incluso su reciente adversario interno, Axel Kicillof.

“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, dijeron los tres jueces.

Y añadieron: “El argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto —entre ellas, el jefe de gabinete de ministros de la Nación y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos— se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificación implementada por el decreto 54/2009 y la indisputada competencia y responsabilidad de la encausada en la emisión del mismo. Además, omite rebatir las demás circunstancias ponderadas por el a quo respecto de la intervención personal de la recurrente en los hechos, en particular, el beneficio económico obtenido”.
Las razones de la condena

La denuncia original que derivó en esta causa la presentó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, mientras Cristina Kirchner era todavía presidenta de la Nación.

La investigación apuntó a determinar si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos sin terminar. El holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de las obras adjudicadas.

Los jueces consideraron como una prueba clave el decreto 54/2009, al que calificaron como un “instrumento para la maniobra criminal”. Esa medida modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Así, según los jueces del proceso original, “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.

Además de Cristina Kirchner, el TOF 2 condenó a Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); entre otros. En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto junto con Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, exjefe de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, anunció que desde el 21 de junio el Ministerio Público de la Acusación intervendrá en todos los casos protagonizados por chicos menores de edad.

En el marco del inicio del primer juicio por jurados de Santa Fe, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich anunció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervendrá en todos los casos en los que estén involucrados chicos menores de edad. “En cuanto a la plena vigencia del sistema acusatorio, tenemos que agregar que a partir del 21 de junio comenzará a funcionar en la provincia el sistema de responsabilidad penal adolescente. Con ambos avances, podremos decir que todo el sistema penal en la provincia de Santa Fe está adecuado a la Constitución”, adelantó. ¿Qué significa este cambio y qué impacto tiene en los procesos contra chicos y chicas menores de edad?

Mientras en el país se debate una posible baja en la edad de punibilidad de 16 a 14 años, la provincia de Santa Fe continúa con el sistema vigente. Sin embargo, desde el sábado 21 de junio, de acuerdo a lo expuesto por Vranicich, comenzará a regir en toda la provincia de Santa Fe la reforma al Código Procesal Penal en materia de menores de edad aprobada por la legislatura provincial en diciembre de 2023.

Se trata de un verdadero cimbronazo en el abordaje e intervención judicial en hechos delictivos cometidos por menores de 18 años –incluso aquellos menores de 16 años, aunque no sean punibles penalmente–, ya que a partir de su instrumentación dejan de funcionar los juzgados de menores, las investigaciones de los delitos perpetrados por chicos serán realizadas por integrantes del MPA y podrán ser imputados, en el caso de ser encontrados responsables penalmente de los delitos, tal como publicó Rosario3.

A partir de la reforma, el sistema penal juvenil vira a uno acusatorio y público tal cual rige para los adultos desde 2014. En el sistema actual, el juez de menores hace la investigación y otro juez de menores juzga. Ahora, como sucede con el delito de adulto, el fiscal investigará, recolectará evidencia y llevará el caso a juicio en el que se puede imputar al menor en el marco que le da la ley nacional. Es decir, fiscales, defensores y jueces especializados llevarán adelante las causas en todas sus etapas, desde la denuncia hasta una eventual resolución judicial.
Penas

El MPA intervendrá en todos los hechos que involucren menores, incluso aquellos menores de 16 años, aunque no sean punibles penalmente. En esos casos, si bien no pueden ser condenados, se abrirán investigaciones que apuntarán a establecer los hechos, garantizar derechos y activar mecanismos de protección con intervención de organismos estatales.

En tanto, para los adolescentes de entre 16 y 18 años, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por la ley nacional 22.278 (vigente desde 1980). Según esta norma, sólo son punibles si el delito cometido tiene una pena superior a dos años de prisión y no se trata de infracciones que impliquen únicamente multas o inhabilitación.

Por su parte, los fiscales y defensores que actúen en causas con menores deberán dedicarse exclusivamente a ese fuero. Además, de acuerdo a los fiscales Carlos Zoppegni y Diego Rodríguez y Barros de la Fiscalía de San Jorge, la reforma promueve un enfoque restaurativo ya que se priorizará evitar condenas y, cuando sean inevitables, que las penas sean proporcionales a la edad y contexto del imputado. En caso de que un adolescente sea condenado, la pena recién comenzará a cumplirse una vez que cumpla 18 años.

La nueva norma incorpora el juicio abreviado y también la denominada probation para menores de 18 años. Además, se modifican los criterios de prisión preventiva y detención que no debería concretarse en espacios habitados por adultos, aunque se establecen excepciones. La normativa, en tanto, establece penas de encarcelamiento en lugares especiales para chicos de 17 y 18 años envueltos en actividades ilícitas.

Los fiscales también señalaron que habrá desafíos logísticos: “La policía deberá garantizar que los menores detenidos no compartan espacios con adultos. Las audiencias serán orales y públicas, por lo que se necesitarán salas especiales”, dijo Zoppegni.

La víctima, en tanto, podrá participar en todo el proceso, constituirse como querellante y colaborar en la investigación.

Fuente: UNO

El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, convocó a sus pares para este martes, a las 16. Qué escenarios se abren para la titular del PJ

Los jueces de la Corte deben resolver si rechazan el recurso de queja que planteó Cristina Kirchner. Si lo hacen, se confirmará la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz.

Otra posibilidad es que los integrantes de la Corte acepten el planteo del fiscal Mario Villar, avalado por el procurador General, Eduardo Casal, y soliciten que se investigue también el delito de asociación ilícita, que elevaría la pena a doce años.

Para que haya un fallo deben ponerse de acuerdo los tres ministros de la Corte: Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Esto se debe a que hay dos lugares vacantes en la Corte Suprema tras la jubilación de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda y se requiere un mínimo de tres votos en un mismo sentido. Si eso no ocurre, deberán convocar a conjueces y se demorará la resolución del expediente.
Cristina espera un fallo adverso

Atenta al fallo inminente de la Corte, Cristina convocó este lunes a la dirigencia de peronismo en la sede del Partido Justicialista. La titular nacional del PJ dijo que es "una fusilada que vive".

Además, advirtió que con este rumbo del gobierno "no hay final feliz" y aseveró sobre el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que anticipa adverso: "Estaré presa, pero la gente va a estar cada vez peor”.

“Mientras caminen por la calle, libres, los que hicieron el megacanje, los de las autopistas, los parques eólicos, estar presa es un certificado de dignidad. Lo siento de esa manera", sostuvo.

Fuente: UNO