El ex presidente quedó procesado por decisión del juez Sebastián Casanello. También recibió un embargo de más de 14 mil millones de pesos.

El ex presidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la Causa Seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Así lo dispuso el titular del Juzgado Criminal y Coreccional 11, Sebastián Casanello, que además ordenó trabar embargo sobre los bienes y dinero del ex presidente por el monto de “$ 14.634.220.283,68”.

El magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

Además dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.

También a Santiago Fraschina, un economista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Fuente: Crónica

El proyecto cosechó 56 votos a favor y ninguno en contra. Los puntos principales de una norma que significa un revés duro para el Gobierno nacional.

Por unanimidad (56 votos positivos), el Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. El proyecto, como las otras dos medias sanciones tratadas esta jornada, había recibido sanción de Diputados el 4 de junio, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

Fuente: UNO

La Cámara Alta sesiona desde las 14 con fuerte tensión institucional. La oposición impulsa aumentos a jubilados, moratoria y coparticipación. El oficialismo denuncia “atropello” y niega la validez del debate.

La agenda de la sesión está cargada de temas conflictivos para el Poder Ejecutivo. Por un lado, el bloque peronista y el radicalismo opositor impulsa las tres medias sanciones del pasado 4 de junio: aumento para jubilados; prórroga de moratoria, y la declaración de emergencia en discapacidad. El oficialismo discutió los dictámenes conseguidos, pero el cuerpo votó su validez, por lo que requerirá solamente de mayoría simple para ser convertidos en ley.

En tanto, gobernadores de la UCR y del PRO presionan mediante los legisladores de sus respectivas provincias a impulsar proyectos de distribución de impuesto a los combustibles y Aportes del Tesoro Nacional. Estos temas no fueron tratados en comisiones, por lo que se requerirán dos tercios de los componentes de la Cámara.

El Ministerio de Obras Públicas provincial se pronunció sobre la anulación de los contratos para obras viales clave y apuntó contra el Ejecutivo nacional por el abandono de las rutas que atraviesan el sur santafesino. “Si no pueden ni quieren, que las transfieran”, reiteraron.

El Gobierno Nacional formalizó esta semana la anulación de la licitación para ejecutar obras de mantenimiento en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Sancti Spíritu y Rosario, uno de los más deteriorados y peligrosos del sur santafesino.

A través de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Ejecutivo dejó sin efecto el proceso adjudicado, pese a que ya contaba con contratistas asignados y documentación técnica aprobada.

La respuesta del Gobierno de Santa Fe fue inmediata. Desde el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, calificaron la medida como “un abandono total de las rutas nacionales” y recordaron que ese corredor es escenario de numerosos siniestros viales. “Se juega la vida de miles de santafesinos. Si no pueden ni quieren, que las transfieran”, advirtieron desde la Provincia.

Obra frenada con argumentos “irrisorios”
La obra anulada había sido adjudicada a una UTE compuesta por las empresas Edeca S.A. y Rava S.A., y formaba parte del programa de mantenimiento modular de rutas nacionales. Según consta en la resolución oficial —fechada el lunes 7 de julio—, la licitación fue cancelada por supuestos incumplimientos de plazos, una justificación que desde Santa Fe consideran arbitraria.

“Es una decisión intempestiva, que desconoce incluso fallos judiciales que obligaban a ejecutar estas mejoras. Y lo que es peor: deja sin efecto el último compromiso vigente para atender un tramo crítico”, sostuvieron fuentes oficiales. También se vio afectada la obra en Ruta 178, entre Las Rosas y su empalme con la 33.

Más de 2.700 kilómetros sin obras
La suspensión del contrato no es un caso aislado. Según el Ministerio de Obras Públicas provincial, la política del actual gobierno nacional de “no hacer obra pública” afecta a más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe. Se mencionan, entre otras, las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012.

“El 80% de la producción nacional circula por estos caminos, pero ya no sabemos si se llega a destino por el estado del asfalto”, dijeron.

Ante esta situación, la Provincia volvió a insistir con un pedido: que se le transfiera la administración de las rutas nacionales. “Ya mantenemos con fondos propios las provinciales. También colaboramos con bacheos, luminarias y cortes de pasto en las nacionales. Tenemos capacidad y voluntad para hacernos cargo”, destacaron.

Reclamo con respaldo social
En la Casa Gris remarcan que el reclamo no tiene tono partidario sino un respaldo ciudadano creciente. “Esto no es un cruce político. Es la voz de vecinos que todos los días recorren rutas destruidas, pagan impuestos nacionales para infraestructura vial que hoy no se ejecuta, y no reciben respuestas”, indicaron.

La decisión de la Nación afecta principalmente a los departamentos del sur provincial, donde el pedido por rutas más seguras se volvió una necesidad urgente. Por ahora, el Ejecutivo nacional mantiene el silencio y sostiene su política de paralización de la obra pública. La resolución firmada por el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, oficializa ese camino.

Fuente: El Litoral

Un estudio de la UBA analizó la evolución del empleo y los ingresos durante la primera etapa del actual Gobierno y advirtió que los niveles actuales retrocedieron a valores de hace más de una década

Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 se perdieron casi 196 mil empleos asalariados registrados en el sistema de seguridad social argentino. En el mismo período, el salario mínimo, vital y móvil se contrajo en términos reales un 32%, ubicándose por debajo de los niveles de 2001, antes de la salida de la convertibilidad.

El informe destaca que el empleo asalariado formal ya venía en descenso desde septiembre de 2023, con una seguidilla de caídas que se prolongaron hasta julio de 2024. A partir de ese momento, el indicador mostró una tendencia de estancamiento, alternando leves alzas y bajas, sin una recuperación sostenida.

Desempeño por sectores

El comportamiento del empleo asalariado formal fue heterogéneo según el tipo de empleador. En el sector público, por ejemplo, se verificó una tendencia decreciente desde comienzos de 2024. En marzo de 2025 se registraron 3,4 millones de empleos públicos formales, lo que representa una caída de 34 mil puestos (-1,0%) respecto a marzo de 2024 y de 58 mil (-1,7%) frente a noviembre de 2023.

El empleo registrado en casas particulares fue el más afectado en términos de duración: acumuló 20 meses consecutivos de caída, desde agosto de 2023 hasta marzo de 2025. En ese período, se perdieron casi 59 mil puestos, lo que representa una contracción del 11,7% desde el máximo de la serie (octubre de 2019). En marzo de este año, el empleo en este régimen fue de 442 mil trabajadoras, con una reducción interanual de 14.900 puestos (-3,3%) y una pérdida de 22 mil puestos (-4,8%) desde noviembre.

En cuanto al empleo asalariado formal en empresas privadas, la cantidad de trabajadores en marzo fue de 6,25 millones. Este segmento mostró once meses de caída consecutiva entre septiembre de 2023 y julio de 2024, una leve recuperación entre agosto y diciembre, y luego nuevas fluctuaciones. En marzo de 2025 se perdieron 7.300 empleos formales en el sector privado, retrocediendo al nivel observado en mayo del año anterior.

La comparación interanual reflejada en el informe de la UBA muestra una pérdida de 22.500 empleos (-0,4%) y de 115.300 (-1,8%) desde noviembre de 2023. El informe subraya que este nivel de empleo es similar al de junio de 2018 y 2,4% inferior al máximo de la serie, registrado en agosto de 2023.
Salario mínimo a la baja

El documento también analiza la evolución del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en términos reales. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el poder adquisitivo del SMVM se redujo 32%, acumulando una de las caídas más pronunciadas en los últimos 20 años.

En diciembre de 2023, el SMVM real cayó un 15% producto de la aceleración inflacionaria, seguido de una baja adicional del 17% en enero. Si bien en mayo de 2025 se observó un leve repunte de 0,3%, los valores actuales se encuentran por debajo de los niveles de 2001. Además, se encuentran 62% por debajo del pico registrado en septiembre de 2011.
Los ingresos del sector privado

El informe también relevó los datos sobre las remuneraciones promedio de los trabajadores registrados del sector privado, a través del Índice de Salarios del Indec y del propio SIPA.

Entre noviembre y diciembre de 2023 se produjo una fuerte contracción del salario promedio real. Luego, entre abril de 2024 y enero de 2025, hubo una serie de pequeños aumentos reales, interrumpidos por caídas en febrero (-0,1%), marzo (-1,5%) y abril (-0,2%). De esta forma, el nivel de abril quedó 1,2% por debajo del valor de noviembre de 2023.

En términos nominales, la remuneración promedio en abril de 2025 fue de $1.594.900 (sin estacionalidad), pero su poder adquisitivo sigue lejos de los niveles alcanzados en años anteriores. De hecho, el valor actual es 17,6% inferior al máximo histórico, registrado en mayo de 2013.

Según el informe, aunque hubo una recuperación salarial parcial en algunos meses de 2024, las sucesivas caídas de 2025 anularon ese avance. Por ejemplo, en octubre de 2024 el salario promedio había superado en 0,9% el valor de noviembre de 2023, pero en abril de 2025 ya estaba 0,3% por debajo de ese mismo mes.

"La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional", dijo Trump en una carta destinada a su par brasileño, que prometió contramedidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento en represalia por el juicio del exmandatario Jair Bolsonaro, poco después de que su par Luiz Inácio Lula da Silva convocara al representante de negocios de Washington. El presidente brasileño respondió más tarde que Brasil "no aceptará ser tutelado por nadie" y avisó que responderá con contramedidas. Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados, como el ultraderechista Bolsonaro, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y arremeter contra quienes considera sus enemigos.
"Caza de brujas"

El gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones sobre una nota de la delegación que describe a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado, como víctima de "persecución política". El ministerio de Relaciones Exteriores le dijo que "la manifestación de la embajada es una intromisión indebida en asuntos internos brasileños", según declaró una fuente de la Cancillería.

A miles de kilómetros de Brasilia, Trump contraatacó con una de sus armas predilectas, los aranceles, en una carta destinada a Lula y publicada en su plataforma Truth Social. "La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo", escribió Trump. "Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE", agregó el republicano.

"Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses, cobraremos a Brasil un arancel del 50 por ciento sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos", advierte la misiva compartida por Trump. Tras el anuncio el real brasileño se desplomó más de un 2 por ciento frente al dólar.

El gravamen adicional es independiente de los aranceles sectoriales, como el 50 por ciento impuesto ya al acero y aluminio. Brasil es el segundo proveedor de acero a Estados Unidos. Si el país latinoamericano toma represalias el porcentaje subirá. "La cantidad que elija se agregará al 50 por ciento que cobramos", advirtió el presidente republicano, quien además ordenará a su representante comercial Jamieson Greer abrir "de inmediato una investigación" a Brasil. Lo hace, según dice, por "los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales".

Trump parece hacer alusión a una decisión del juez brasileño Alexandre de Moraes, quien además de formar parte del grupo de magistrados de la Corte Suprema de Brasil que decidió enjuiciar a Bolsonaro, ordenó bloquear Rumble. El magistrado reprochó a esta plataforma para compartir videos, popular entre grupos conservadores, su negativa a negarse a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos buscado por difundir noticias falsas.
"Brasil es un país soberano"

El lunes Trump ya había acudido a sus redes sociales para afirmar que Bolsonaro es objeto de "una caza de brujas" y pedir a las autoridades brasileñas que dejen al expresidente "en paz". Pero Lula, que derrotó por un estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022, rechazó la "interferencia" de Trump y afirmó que Brasil es "un país soberano".

"Cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida a la luz de la Ley de Reciprocidad Económica brasileña", advirtió el jefe de Estado en una nota oficial, tras reunirse de urgencia con varios de sus ministros en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El líder progresista se refirió a un proyecto de ley aprobado por el Parlamento brasileño el pasado 2 de abril, en el llamado "Día de la Liberación", que permite tomar medidas de represalia contra países que impongan barreras comerciales.

"Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie", expresó Lula, quien insistió en que el proceso judicial contra Bolsonaro y el resto de los acusados, entre quienes encuentran varios antiguos ministros y militares de alto rango, "es de exclusiva responsabilidad de la justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia" de los poderes.

Lula también tachó de "falsa" la información de que la relación comercial entre Brasil y EE.UU. sea desfavorable para la potencia norteamericana. "Las estadísticas del propio gobierno de Estados Unidos comprueban un superávit de ese país en el comercio de bienes y servicios con Brasil del orden de 410 mil millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años", apuntó el mandatario brasileño, quien agregó: "La soberanía, el respeto y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo".

En 2024 Brasil exportó a EE.UU. 40.368 millones de dólares en productos brasileños, lo que supuso el 12 por ciento de las ventas totales del país. En un comunicado, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) señaló que no existe ningún hecho económico que justifique una tarifa tan alta y destacó que el impacto en la industria brasileña podría ser grave debido a la interconexión de ambos sistemas productivos. "Para el sector productivo, lo más importante ahora es intensificar las negociaciones y el diálogo para revertir esta decisión", afirmó el presidente de la CNI, Ricardo Alban.

Fuente: Pagina12

El consejo de rectores de universidades aduce que no hubo respuestas en los reclamos formales por la pérdida del poder adquisitivo de docentes de 35 por ciento

Según los rectores reunidos en este consejo, “lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes”, y en torno a los docentes, destacaron que el gobierno “pretende poner en duda que se fueron del sistema 10.000 docentes calificados, con prestigio y con historia que, por supuesto, afectan la calidad y la excelencia educativa que distingue a las universidades”.

En torno al reclamo salarial docente, destacaron que “les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben. En algunos casos ni siquiera les alcanza para cubrir el transporte”.
“El segundo cuatrimestre en las universidades nacionales corre peligro”

Luego calificaron: “Es grave que la ministra y el subsecretario reconozcan en su propia nota que los docentes tuvieron una pérdida del 35 por ciento del poder adquisitivo de los salarios, y no hagan nada al respecto. Es esa una de las principales causas que afecta el desarrollo del segundo cuatrimestre de 2025”.

Los puestos que el DT de Unión pretende reforzar y un nombre que se repite

En un tono crítico hacia las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, el CIN estableció que “el gobierno nacional intenta correr el eje de la discusión, en lugar de atender y ocuparse de la crítica situación que atraviesan las universidades, sin siquiera responder formalmente una nota elevada por los canales institucionales para advertir las dificultades que atravesamos”.
El Consejo Superior de la UTN declaró el estado de Emergencia Salarial de docentes y no docentes de la Universidad

El Consejo Superior de la UTN declaró el estado de Emergencia Salarial de docentes y no docentes de la Universidad
gentileza

Según los rectores reunidos en este consejo, “lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes”, y en torno a los docentes, destacaron que el gobierno “pretende poner en duda que se fueron del sistema 10.000 docentes calificados, con prestigio y con historia que, por supuesto, afectan la calidad y la excelencia educativa que distingue a las universidades”.

En torno al reclamo salarial docente, destacaron que “les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben. En algunos casos ni siquiera les alcanza para cubrir el transporte”.
“El segundo cuatrimestre en las universidades nacionales corre peligro”

Luego calificaron: “Es grave que la ministra y el subsecretario reconozcan en su propia nota que los docentes tuvieron una pérdida del 35 por ciento del poder adquisitivo de los salarios, y no hagan nada al respecto. Es esa una de las principales causas que afecta el desarrollo del segundo cuatrimestre de 2025”.

En abril pasado los rectores fueron al Congreso donde presentaron un proyecto de actualización presupuestaria para reforzar los recursos que garantizan el funcionamiento de las casas de estudio, y el mes pasado fueron nuevamente, mientras desde el Ejecutivo siguen sin respuestas.

Finalizaron la misiva con una dura crítica: “En lugar de contestar una nota formal a través de redes sociales, hubiéramos preferido que convoquen a las autoridades del Consejo Interuniversitario para trabajar soluciones posibles. La situación es grave, y nuestra disposición al diálogo estará siempre. Urge encontrar respuestas que garanticen el normal funcionamiento de nuestras instituciones”.

Fuente: UNO

Con los 69 convencionales ya electos en los comicios del pasado 13 de abril, la provincia de Santa Fe se prepara para el inicio formal de la Convención Reformadora, que tendrá la misión histórica de modificar parcialmente la Constitución provincial, vigente desde 1962.

En total, serán 42 los artículos habilitados para reformar, según lo estableció la ley sancionada por la Legislatura el 6 de diciembre de 2024.

Entre los temas centrales que estarán en discusión se destacan la reelección de autoridades, el voto joven, la implementación de la “ficha limpia”, la autonomía municipal, la eliminación de fueros y la reforma del funcionamiento de la Corte Suprema.

La Convención se instalará en la ciudad de Santa Fe cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de un año desde la elección. Una vez iniciada, tendrá 40 días corridos para sesionar, con posibilidad de una prórroga de 20 días, si así lo aprueba la mayoría absoluta de los convencionales.

Uno por uno, los 42 artículos de la Constitución Provincial que podrán ser modificados:
Principios, derechos y garantías (13 artículos)

Artículo 2: Se incorpora la mención expresa a los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, reforzando la protección de derechos fundamentales.
Artículo 3: Se eliminará la confesionalidad del Estado, promoviendo una relación de colaboración con todos los cultos.
Artículo 5: Introduce principios tributarios como progresividad, equidad y responsabilidad fiscal.
Artículo 9: Se adecuará al estándar nacional sobre hábeas corpus, y se incorporará el juicio por jurados y los derechos de las víctimas.
Artículo 11: Amplía el derecho a la libertad de expresión e incluye la protección de datos personales y el acceso a la información pública.
Artículo 13: Revisión del derecho de reunión pacífica, conforme a los tratados internacionales.
Artículo 17: Modernización de la acción de amparo y hábeas data, y reconocimiento de derechos colectivos.
Artículo 18: Marco de responsabilidad del Estado ante posibles daños.
Artículo 19: Refuerza la garantía del derecho a la salud, tanto individual como social.
Artículo 20: Reconoce al trabajador como sujeto de tutela constitucional preferente y destaca los derechos colectivos.
Artículo 21: Asegura un régimen previsional público, solidario e intransferible.
Artículo 22: Amplía el derecho a la cultura y la protección del patrimonio.
Régimen electoral (2 artículos)

Artículo 29: Habilita el voto desde los 16 años en elecciones locales, y establece nuevas condiciones para ser elector y candidato.
Artículo 30: Incorporación de la cláusula de “ficha limpia”, que impedirá candidaturas de personas con condenas penales.
Poder Legislativo (13 artículos)

Cámara de Diputados

Art. 32: Composición de 50 miembros con paridad de género y elección por distrito único.
Art. 33 y 34: Revisión de edad mínima y reelección de diputados.
Cámara de Senadores

Art. 37 y 38: Igual revisión para senadores.
Disposiciones comunes

Art. 40: Ampliación del período ordinario de sesiones.
Art. 51: Eliminación de fueros de proceso, manteniendo inmunidad de arresto y expresión.
Art. 54 inc. 5: Alcance del silencio legislativo.
Art. 55 y 56: Nuevas facultades legislativas e incorporación de la iniciativa popular.
Art. 58 y 61: Revisión de los procedimientos y plazos de sanción de leyes.
Poder Ejecutivo (3 artículos)

Art. 64: Debate clave: ¿habrá reelección inmediata para gobernador y vice?
Art. 72: Revisión de atribuciones del Ejecutivo.
Art. 73: Se establecerá un ministerio de articulación inter-poderes, con designación con acuerdo legislativo.
Poder Judicial (6 artículos)

Art. 84: La Corte Suprema podría ampliarse a siete miembros con paridad de género.
Art. 86: Cambios en la designación de jueces y creación del Consejo de la Magistratura.
Art. 88: Límite etario de 75 años para jueces, salvo nueva designación por 5 años.
Art. 91 y 93: Reformas al sistema de remoción de jueces y competencia de la Corte en conflictos de poderes.
Juicio político (1 artículo)

Art. 98: Se amplía el listado de funcionarios sujetos a juicio político: incluirá vicegobernador, Procurador y Defensor del Pueblo.
Régimen municipal (2 artículos)

Art. 106: Todas las poblaciones deberán organizarse como municipios, con categorías diferenciadas.
Art. 107: Autonomía municipal plena en los planos político, administrativo, financiero e institucional.
También se establece que:

Los mandatos locales coincidirán con los provinciales.
Las elecciones serán simultáneas.
En ciudades de más de 20.000 habitantes, los concejos se renovarán por mitades.
Se promoverán regiones y áreas metropolitanas.
Se garantizará coparticipación municipal y traspaso de recursos con competencias.
Educación (5 artículos)

Art. 109 al 113: Reafirma el derecho a la educación con nuevas garantías:
Secundaria obligatoria
Vinculación educación-trabajo
Acceso a conectividad y alfabetización digital
Incorporación de la educación ambiental
Uno Santa Fe

En la mañana de hoy el Comando Radioeléctrico detuvo en Bv Oroño y calle Las Heras a una mujer que tenía pedido de captura por amenazas calificadas desde este año.

A raíz de esto, la Unidad Regional XV brindó el parte policial donde una mujer con pedido de captura fue detenida en nuestra ciudad en momentos en que el Comando Radioeléctrico se encontraba complementando una orden operacional.

El trabajo consistía en identificar vehículos y personas, en Bulevar Oroño y calle las Heras y fue en horas tempranas que procedieron a la identificación de una mujer.

Consultando vía radial a la central de comunicación policial para determinar si poseía algún impedimento legal, el rastreo dio resultado positivo en cuanto al pedido de captura de parte de Tribunales de Santa Fe en 2025 por amenazas calificadas.

Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, celebró que los choferes de camiones chasis locales fueron exceptuados del trámite nacional.

Tras varias gestiones ante el gobierno nacional y provincial, el Sindicato de Camioneros logró una excepción clave en la nueva normativa para licencias profesionales. Así lo confirmó a El Litoral el secretario general del gremio en Santa Fe, Sergio Aladio, tras una semana de reclamos por parte del sector.

“Los conductores de camiones chasis locales, que circulan dentro de Santa Fe, quedaron exceptuados de realizar el nuevo carné nacional”, explicó Aladio. La decisión se formalizó con una resolución reciente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a partir de un pedido del gremio.
Una desregulación que complicó a los choferes
El decreto nacional 196/2025 y la disposición 54/2025 habían trasladado a municipios y provincias la responsabilidad de emitir las licencias profesionales, con un nuevo esquema de exigencias. Para los trabajadores, eso implicaba mayores costos, traslados y pérdida de días laborales.

Aladio contó que el gremio ya había presentado reclamos ante la Agencia de Seguridad Vial nacional, el Ministerio de Desregulación de la Nación —a cargo de Federico Sturzenegger— y autoridades provinciales. “Venimos siguiendo el tema de cerca porque sabíamos lo que significaba para los choferes”, dijo.

La excepción obtenida representa un alivio para cientos de trabajadores que ahora podrán renovar su licencia en sus localidades sin realizar el examen psicofísico ni trasladarse a grandes centros urbanos. “Fue un logro conjunto y muy necesario”, resumió el dirigente.

Unificar criterios y cuidar la salud laboral
“Nos interesa participar más activamente en estos temas, porque además del control de salud, buscamos que se unifiquen criterios en todas las provincias. De lo contrario, termina siendo un problema para los trabajadores”, expresó Aladio.

Desde el sindicato remarcan que el psicofísico debe exigirse, pero solo a quienes conduzcan vehículos pesados o hagan transporte interjurisdiccional. “Los camiones grandes siempre hicieron el control, y eso se va a mantener”, aclaró el dirigente.

En cambio, los choferes de camiones chasis que operan dentro del territorio provincial quedarán exceptuados del nuevo trámite. La resolución ya fue comunicada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial a los 105 centros emisores de licencias.

“La salud y el bienestar del trabajador son centrales. Pero no podemos sumarles exigencias que no corresponden, ni que se resuelven desde un escritorio en Buenos Aires sin conocer el territorio”, cerró Aladio.