La Municipalidad de Sauce Viejo, junto con Cáritas y la Universidad Tecnológica Nacional, invita a todos los vecinos a participar de la Campaña de Recolección de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

“Traé tus equipos en desuso y ayudanos a gestionar estos residuos tan importantes para nuestra ciudad. ¡Dale una segunda vida a tus aparatos!” indicaron desde el municipio sauceño. La recolección se realizará en todos los barrios, por lo que recomiendan estar atentos al cronograma que se dará a conocer próximamente.

Una campaña de recolección de RAEE es una iniciativa para recoger Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en desuso, como electrodomésticos, computadoras y celulares, para su correcto reciclaje. Estas campañas, organizadas por municipios y ministerios, buscan prevenir daños ambientales y de salud pública, fomentar la economía circular y dar un manejo especializado y responsable a estos residuos.

¿Por qué son importantes estas campañas?

Protección ambiental:

Los RAEE contienen materiales tóxicos que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire si no se tratan adecuadamente.

Beneficios económicos y sociales:

El reciclaje de estos residuos puede generar recursos para la recuperación de materias primas y crear oportunidades laborales.

Conciencia ciudadana:

Promueven la participación de la comunidad en la gestión sostenible de residuos, fomentando hábitos responsables.

¿Qué se puede entregar en estas campañas?

Electrodomésticos: Pequeños y grandes aparatos del hogar.

Equipos de audio y video: Pantallas, equipos de sonido, etc.

Dispositivos electrónicos: Computadoras, laptops, celulares, impresoras y otros.

Culmino la "samboleague" de 7° Categoria con el triunfo en la final de "Cheche" Raffin y Andrés Vázquez, sobre la dupla Leo Musolino-Morello.

En un partidazo en las instalaciones del "Complejo Sambodromo" de Nico Raffin se desarrollo la final de la liga de séptima categoría.
El primer set fue para la dupla Raffin-Vazquez, quienes se quedaron con un 6/4 en la apertura del partido.
El segundo set fue claramente para Leo Musolino-Morello con un contundente 6/2.
El tercero ya consolidando su juego la dupla de Cheche Raffin y Andrés Vázquez se quedo con el triunfo con un claro 6/3.
Los campeones habían dejado en las semis a Uliambre/Perez con un 6/3 6/3.

La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución que dispone el juicio oral y público para Nico Mattioli por el homicidio culposo de Claudia Decurges.

La jueza de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Marta Feijoó, avaló la negativa a que la causa por el accidente fatal protagonizado por Nicolás Mattioli en Santo Tomé se resuelva a través de una suspensión de juicio a prueba.
Este pedido ya había sido rechazado por la jueza Celeste Minniti en marco de la audiencia preliminar; el fallo de Minniti fue apelado por el abogado defensor Germán Corazza, que encontró un nuevo revés en la resolución de la camarista. El fallo de Feijoó, al que tuvo acceso AIRE, confirma que la negativa a la probation fue fundada correctamente por la jueza de primera instancia, y mantuvo la decisión de resolver el caso en un juicio oral y público.

Reclamo de la defensa de Mattioli

Para el abogado de Mattioli, la jueza Minniti había realizado un análisis “deficiente y parcializado” de los argumentos presentados por las partes en relación al pedido de probation. El representante legal de Mattioli reclamó que el razonamiento de la jueza había sido “arbitrario” porque sólo se basó en el fundamento de la Fiscalía, de rechazar la probation por “razones de política criminal” del Ministerio Público de la Acusación. La Defensa también cuestionó que el rechazo de la probation fue porque tanto la Fiscalía como el abogado querellante, Diego Martini Guidi, consideraron insuficiente el ofrecimiento de la reparación económica; para la Defensa, esto es arbitrario porque la fiscal se extralimitó en su función al referirse sobre una cuestión vinculada con el fuero civil, que la reparación económica ofrecida (diez millones de pesos) es "en la medida de lo posible" y que la suspensión de juicio a prueba es un derecho del imputado. En tanto, la Fiscalía y la querella habían reclamado que se rechacen todos los planteos de los defensores, y que el fallo de Minniti sea confirmado. El querellante destacó que la familia de la víctima Claudia Decurgez quiere que lo sucedido se ventile en un juicio oral y público porque quieren que se sepa la verdad. El representante de la familia de Claudia insistió con que la oposición del bloque acusador a la probation no es caprichosa y se encuentra fundada.

Fuente: Aire de Santa Fe

"El fentanilo en manos equivocadas es letal", aseguró Francisco Sánchez Guerra (director del hospital). Remarcó que es cien veces más potente que la morfina y puede provocar la muerte si se consume sin control.

El director del Hospital Iturraspe, Francisco Sánchez Guerra, se refirió públicamente al faltante de 68 ampollas de fentanilo detectado en la Unidad de Terapia Intensiva y cuya denuncia ya se encuentra en manos del Ministerio Público de la Acusación.

"Sí, hicimos la denuncia porque estamos hablando de un medicamento muy sensible", explicó el funcionario. Según relató, la irregularidad surgió en un control rutinario de stock:

"En el raconto habitual de medicamentos se detectó el faltante, se hizo el análisis administrativo de altas y bajas, y al confirmarse la ausencia se decidió notificar al ministerio, iniciar un sumario interno y presentar la denuncia formal en la Justicia".

No son los lotes contaminados
Ante la consulta sobre la posibilidad de que las ampollas pertenezcan al fentanilo contaminado que causó muertes en Buenos Aires meses atrás, el director fue categórico: "No, no tiene nada que ver. Esos lotes fueron retirados en toda la provincia en mayo, con trazabilidad completa. El faltante corresponde a partidas que están perfectamente identificadas con número y fecha de ingreso".

Un insumo clave y restringido
Sánchez Guerra subrayó que el fentanilo es un medicamento de uso crítico en pacientes graves: "No se puede perder tiempo en emergencias. Por eso hay stock disponible en sectores determinados de terapia y quirófanos. No está al libre servicio, pero tampoco bajo llave permanente, porque se necesita inmediatez en su aplicación".

Al mismo tiempo, reconoció que la droga es de "altísimo uso" pero también de altísimo riesgo: "El fentanilo no se compra en farmacia. En manos de alguien que no sepa utilizarlo, es peligrosísimo".

"No fue un error administrativo"

Consultado sobre lo que pudo haber ocurrido, el director no dudó: "Alguien tomó esas ampollas y las sacó del circuito lógico de utilización". Y agregó: "La sospecha recae en quienes estuvieron en esos sectores en el período determinado. Tenemos cámaras de seguridad y registros de ingresos y egresos que ya están a disposición de la Justicia".

En cuanto a las hipótesis, no descartó ninguna: "Podría tratarse de alguien del hospital o de alguien que haya ingresado por otros motivos. Eso lo tendrá que establecer la investigación".

Advertencia sobre el riesgo social
Sánchez Guerra también dejó un mensaje con tono de advertencia: "Lo importante no es el valor económico de las ampollas, sino el efecto nocivo que pueden tener en cualquiera. No quiero que el fentanilo sea el flagelo del futuro, como ya se vio en el norte con las imágenes de los 'zombis'".

Investigación en curso
Finalmente, el director confirmó que el hospital puso todo el material a disposición del MPA: "Hasta ahora sólo está hecha la denuncia formal. Calculamos que en estos días se desplegarán las medidas judiciales, desde cámaras hasta registros administrativos. Las pruebas ya están resguardadas".

Fuente: El Litoral

El formato de prueba que fue impreso es idéntico al que los votantes encontrarán en el cuarto oscuro. También debutará un box de votación similar al implementado en la provincia de Santa Fe.

Entró en vigencia la ley 27.781 y establece como sistema de votación a la Boleta Única de Papel (BUP), que En los comicios legislativos del 26 de octubre hará su debut. A partir de entonces, los electores tendrán que marcar en la hoja a su candidato de preferencia, doblarla por las líneas indicadas e introducirla en la urna. Es decir que dejarán de usarse los clásicos sobres.

En el caso de inclinarse por votar en blanco, la persona no deberá marcar ningún casillero, ya que no existe la opción “voto en blanco” ni de no depositar la papeleta. Se considerará “voto anulado” cuando la boleta contenga más de una marca para la misma categoría.

También hará su presentación a nivel nacional un box, que le otorgará privacidad al elector al momento de elegir. El diseño es muy similar al que se utiliza en la provincia de Santa Fe, con la diferencia de que cambia el escudo y logo electoral.

Habrá dos diseños de BUP: uno para las provincias que sólo eligen diputados y otro para aquellos distritos que además, deben renovar las bancas en el Senado de la Nación.

Características de las Boletas Únicas
Las Boletas Únicas de Papel (BUP) se encuentran adheridas a un talón troquelado, que debe contener la fecha de la elección, identificación del distrito, sección y circuito electoral, así como también serie y numeración correlativa. Estos últimos se encuentran sólo en el talón y no en la boleta que se entrega al/la elector/a, de modo tal que no es posible individualizar la persona votante, vulnerando así la característica secreta del voto.

El documento oficial tiene un encabezado que debe incluir: la fecha de la elección, identificación del distrito y circuito, además de las categorías de cargos que se eligen y las listas de candidatos que participan en los comicios.

El dorso de la BUP debe contener un espacio destinado a la firma del/a presidente de mesa, la identificación del tipo y fecha de la elección, y únicamente podrá incluir imágenes y/o leyendas que la Justicia Federal con competencia Electoral determine para cada elección.

Las categorías de cargos (diputados nacionales, senadores nacionales, etc.) se ubican en forma horizontal (filas).

Las listas de candidatos por cada agrupación política se ubican en forma vertical (columnas). Cada una de estas franjas verticales debe contener: identificación de cada agrupación política (nombre de la agrupación, número de identificación, logotipo, color); nómina de candidatos por categoría, con fotografía de los dos primeros candidatos; nombre y apellido de los cinco primeros candidatos (o de todos los titulares en caso de que la magnitud electoral del distrito sea menor) y casillero en blanco para marcar el voto.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha con dos jornadas de paro en los próximos días.

Festram, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, rechazó la propuesta salarial de los intendentes y presidentes comunales realizada en la paritaria de la semana pasada y anunció un plan de lucha que incluye un paro total de actividades.

La medida de fuerza comenzará este viernes 29 de agosto con una huelga de 24 horas y continuará con un paro de 48 horas los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

Oferta "insuficiente"
La decisión fue tomada este lunes durante un Plenario de Secretarios Generales, donde los representantes sindicales votaron por unanimidad en contra de la oferta recibida en la mesa paritaria. La propuesta de las autoridades, con una vigencia de seis meses, contemplaba un aumento total del 7%, distribuido de la siguiente manera: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y un 1% mensual para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Además del rechazo salarial, Festram informó que las protestas continuarán por la falta de pago a los jubilados y pensionados de las actualizaciones salariales acordadas en actas paritarias anteriores.

A pesar de las medidas de fuerza, el Plenario facultó a sus representantes a seguir negociando y esperan una nueva convocatoria por parte de las autoridades para acercar posiciones y buscar una solución al conflicto.

Fuente: UNO

La droguería involucrada en el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem pasó de tener contratos por 389 millones de pesos a 108 mil millones de pesos en apenas 12 meses.

Mientras crece el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, La Nación reveló este lunes que los contratos que el Estado cerró durante el gobierno de Javier Milei con la Droguería Suizo Argentina, involucrada en la trama de los multimillonarios retornos, crecieron casi un 2.700 por ciento.

Según consignó ese medio, en el último año la Droguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos por 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones de pesos en lo que va de 2025. Los números surgen de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales que obtuvo la compañía y que se encuentran disponibles en el sitio oficial Compr.Ar.

Este salto en los contratos públicos que ganó Suizo Argentina SA refleja un incremento del 2.678%. Durante ese período de tiempo, la inflación acumulada fue del 117,8% en 2024 y la de 2025 totaliza 17,3% hasta julio, según mediciones del Indec.

El relevamiento realizado en base a información oficial sólo contempló a los originales de las licitaciones y contrataciones directas abiertas desde 2024, sin ampliaciones ni prórrogas. Estas últimas no necesariamente requieren la apertura de nuevos procesos con nuevos competidores.

La diferencia entre 2024 y 2025 se explica, en gran medida, por una contratación en particular, que representa más del 70% del total de las adjudicaciones de este año.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, autorizó el 6 de marzo una contratación integral por 78.267 millones de pesos a favor de la Suizo Argentina SA. Dicha licitación buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.

La compulsa tuvo a la Suizo como la única compañía del sector farmacéutico que compitió por ese contrato. Esta condición ocurrió porque la compañía también funciona como operadora logística. Por esa razón, sus competidores fueron OCA, Correo Argentino y Andreani. Este último se quedó con una parte de la licitación dado que también resultó adjudicado aunque por un monto de 20.130 millones de pesos.
Mauricio Macri y su amigo íntimo Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

En tanto, la Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General De La Nación (Sigen), un organismo de control, elaboró un informe técnico de precios testigo mediante orden de trabajo N°38/24, donde concluyó que “los servicios que se propicia contratar no resultan estandarizados ni de uso común, motivo por el cual se encuentran excluidos del Control de Precios Testigo”.

La segunda adjudicación más grande fue por 15.393 millones de pesos. Su acta fue firmada el 12 de marzo por el director director del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Ángel Elía. Tuvo como objetivo la “provisión de medicamentos varios”, tal cual se lee en Compr.Ar.

Las otras adjudicaciones a favor de Suizo Argentina SA se reparten en 33 contrataciones, que corrieron por cuenta de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, del Estado Mayor General del Ejercito, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional “Dr Baldomero Sommer”.

La empresa investigada, Suizo Argentina SA, aparece en los audios filtrados a la prensa en los que se puede escuchar al ahora eyectado exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, admitir que existía en ese organismo un aceitado sistema de pago de retornos. En esos mismos audios Spagnuolo incrimina directamente a Karina Milei y a Lule Menem.

Suiza Argentina S.A. presta servicios de almacenamiento y logística de medicamentos y productos de salud, entre otros, y es una de las líderes del sector farmacéutico.

Fuente: La Nación

El titular de FISFE, Javier Martín, advirtió que la retracción del mercado interno golpea a las pymes y condiciona la recuperación económica provincial

La actividad industrial en Santa Fe atraviesa un escenario heterogéneo, con algunos sectores que muestran signos de recuperación pero con la mayoría aún rezagada. Así lo explicó Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diálogo con UNO 106.3 FM, donde analizó los principales indicadores económicos.

“Estamos viendo una situación bastante heterogénea. Hay ramas que andan bien, como maquinaria agrícola, automotriz, gas y petróleo, o carrocerías y camiones traccionados por Vaca Muerta. Pero la mayoría de las industrias muestran amesetamiento o están por debajo del año pasado”, detalló.

Pymes en crisis y consumo deprimido

El dirigente industrial remarcó que las pymes, que dependen en un 80% del mercado interno, son las más golpeadas. “El consumo todavía no repunta y con tasas tan altas no vemos recuperación en los próximos meses”, señaló.

El encarecimiento del crédito —con descubiertos al 80% anual y colocaciones financieras que llegaron hasta el 150% de tasa nominal anual— agravó la situación. “El poco consumo que quedaba se sostenía en cuotas sin interés, pero eso desapareció. Hoy es imposible vender en cuotas y muchas empresas no pueden recomponer capital de trabajo”, explicó.

A esto se suma la competencia de productos importados, especialmente en sectores como maquinaria agrícola, donde fabricantes brasileños ingresan con financiamiento blando de sus bancos nacionales.

Costos estructurales y competitividad

Martín subrayó que la industria nacional arrastra desventajas estructurales: un sistema tributario con presión impositiva “superelevada”, logística cara por depender del transporte en camión, infraestructura vial deteriorada y un sistema laboral costoso e inflexible.

“La industria argentina quiere invertir y competir, pero es como un atleta entrenado al que le ponen una mochila de 50 kilos en la espalda. Por más eficiente que sea, no puede ganar la carrera”, graficó.

En este marco, advirtió que “no tiene sentido abrir la economía a competidores como China, India, Turquía o Brasil, que ya resolvieron estos problemas estructurales y operan con escalas mucho mayores”.
Exportaciones con menor valor agregado

Consultado sobre el desempeño exportador, el titular de FISFE señaló que cada vez menos empresas santafesinas logran sostener mercados externos, dado que los costos en pesos suben mientras el dólar se mantiene estable.

“Se achican los márgenes y vemos cómo las exportaciones con valor agregado pierden peso frente a las primarias, como el poroto de soja. Eso significa menos trabajo argentino”, remarcó.

Además, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Secretaría de Industria y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, organismos clave para articular políticas junto al sector privado.
Empleo en retroceso

El panorama repercute también en el trabajo. Según Martín, en Santa Fe se perdieron unos 5.000 empleos formales, de los cuales 3.000 corresponden al sector industrial.

“Estos son puestos directos, pero si sumamos los indirectos el impacto se multiplica por dos o tres. Muchas pequeñas empresas reducen de 5 a 10 trabajadores y en este contexto es muy difícil que se reinsertan, lo que genera precarización laboral”, advirtió.

En contraste, Martín valoró el acompañamiento del Gobierno provincial, que articula acciones con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Trabajo.

“La provincia hace lo que puede con recursos escasos. Se han anunciado líneas de crédito y aportes no reintegrables para proyectos de ciencia y tecnología aplicados a la producción. Son ayudas que no sustituyen una política industrial nacional, pero que sirven como paliativos”, concluyó.

Fuente: UNO

Los ceos usaron esa palabra para describir el modus operandi del Gobierno. Por qué ahora blanquean que el círculo íntimo de Milei tenía esas conductas ya en campaña.

El empresariado argentino tiene dos certezas que coexisten: la primera, que apoyará al Gobierno de Javier Milei; la segunda, que es un Gobierno con características corruptas muy marcadas, situaciones que vienen, incluso, desde antes del estallido del coima-gate, en el que la cúpula cercana al Presidente habría recibido retornos de parte de una farmacéutica que proveía a la Agencia de Discapacidad (ANDIS). Este es el clima que se vivió el viernes a última hora de la noche en un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde expuso el Presidente y, en primera fila, bancaron varios funcionarios del gabinete, entre ellos su hermana Karina, que según el titular de Andis, Diego Spagnuolo, sería parte del esquema recaudatorio.

Las fuentes que participaron del encuentro contaron a Página I12 que en la platea empresaria se utilizó una frase para describir el contexto y los vicios del Ejecutivo y sus satélites. "Son desaforados con la plata", sintetizaron. Un desaforado, para el diccionario y la IA, es alguien que "obra sin ley ni fuero, atropellando todo". El caso Andis pegó en el Círculo Rojo mucho más que el caso Libra: en el catering top que se sirvió luego de que Milei se fue del evento, muchos plantearon que es un parteaguas en la vinculación con el contexto más cercano al Presidente. "¿Quién va a aceptar, ahora, verse a solas con Karina o los Menem?", se preguntaron, con bastante lógica

La pregunta es desde cuándo el establishment nacional sabe o sospecha de estos manejos, y aún así sostiene los esquemas oficiales. Y cómo es que esos mismos empresarios que apoyan y minimizan, luego sostienen que el problema del país es la falta de instituciones sólidas, la seguridad jurídica ausente y la falta de inversiones por temor a las conductas típicas de los políticos.

Silencio en la Bolsa
Apenas Milei arrancó el discurso en la Bolsa y mencionó la idea de "hacer una disertación sobre las tasas de interés", los empresarios se miraron entre ellos y hasta algunos se sonrieron incómodos. En sus celulares y en todos los medios estaba la expectativa de que Milei dijera algo del escándalo de corrupción. Algunos, en la previa, sondearon al ministro de Economía, Luis Caputo, para ver si decía algo del asunto. Cero. Nada. Tampoco lo hizo el vocero, Manuel Adorni, uno de los presentes en primera fila.

Esperaban los ceos un discurso político, algo aunque sea defensivo sobre el tema coimas. No sólo no ocurrió, sino que el Presidente decidió hacer lo menos recomendable en estos casos: hablar de otro tema e ignorar una crisis evidente, que parece recién estar mostrando la punta del iceberg.

El Gobierno, está claro, no sabe cómo salir de un asunto que, además, complica todo en un año electoral donde ya la crisis económica estaba pegando fuerte: el temor es que se vea más material sobre los Menem, algunas cosas en video; y sobre todo la relación de Spagnuolo con José Luis Espert, el candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires. Ya hay fotos de ellos juntos circulando en redes sociales. El caso de los riojanos, los Menem, es particular, porque muchos empresarios del Norte Grande ahora aseguran que hace tiempo se manejan de la manera que Spagnuolo puso en sus polémicos audios, hoy auditados, peritados y analizados por el juez federal Sebastián Casanello.

Viejos conocidos
Desde antes de que Milei sea presidente, según contó un alto directivo de una firma nacional a este diario, hay en torno al mandatario un esquema recaudatorio que adquiere diferentes formas. Siempre, según ellos, tuvo este nivel de desprolijidad. La mayoría considera que Milei está al tanto, pero no es el que ejecuta las maneras y objetivos. El problema es que el sistema implosiona ante la colisión política de los bandos en disputa: Karina, Lule y Martín Menem, por un lado; y Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo, por otro.

Hay gestualidades que grafican el asunto. Juan Pazo, el titular de ARCA, es el encargado habitual de las reuniones e interacciones con el campo. Ayer, para evitar estar en la Bolsa de Rosario, un evento casi dirigido al sector agro, se tomó un avión a Miami por razones personales. Pazo es parte del entorno de confianza de Caputo, y su ida temporal es el último capítulo de un astillado del Triángulo de Hierro que tiene precuelas. Es que hoy, aún más después de Andis, todo el esquema recaudatorio que antes se contenía de una forma más elegante, quedó en manos de la secretaria de la Presidencia.

Algunos cuentan un dato interesante que grafica la disputa: hasta que se recalentaron esas tensiones entre Karina y las Fuerzas del Cielo, el esquema recaudatorio se venía haciendo, centralmente, vía la Fundación Faro, cuyo fronting es el ideólogo de la retórica ultra Agustín Laje, pero que en los papeles está manejada por uno de los hermanos de Caputo. Desde que empezó la pelea con el karinismo, Faro convocó a un solo evento con empresarios: fue en el Yacht Club, y fue gratis. Nadie le pidió plata a nadie. Hasta ese momento, todos los eventos en el Yacht fueron pagos, con tarjetas en pesos o en dólares.

Fuente: Página12

La envergadura de la operación genera dudas sobre la intención del gobierno norteamericano de combatir el narcotráfico en la región

WASHINGTON.- Bajo órdenes del presidente norteamericano, Donald Trump, el Pentágono ha comenzado a desplegar varios buques de guerra y miles de soldados en el sur del Caribe con el objetivo declarado de combatir los grupos narcotraficantes catalogados recientemente como “terroristas”. Sin embargo, la cercanía con Venezuela y el recrudecimiento de la tensión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, generan dudas sobre la posibilidad de un enfrentamiento militar que busque un cambio de régimen.

El despliegue naval de EE.UU.
En ese contexto, está previsto que llegue el domingo a las costas del régimen el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la marina norteamericana, compuesto por tres buques y 4500 efectivos. Sumado a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes de marina, un submarino nuclear, varios aviones de vigilancia y tres buques de guerra ya desplegados, se trata de la operación militar más grande de Estados Unidos en la región desde la invasión a Panamá.

Utilizar este tipo de fuerzas contra los cárteles de droga sería como “llevar un obús a una pelea de navajas”, dijo el jueves un funcionario de defensa norteamericano.

El despliegue
El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva, que aún no se ha hecho pública, en la que daba instrucciones al Pentágono de utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de droga latinoamericanos, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, a los que su administración había calificado previamente como organizaciones “terroristas”. Entre ellos se encuentra también el Cartel de los Soles, del que Trump ha acusado al propio Maduro de ser su líder.

Desde entonces, el Pentágono ha estado movilizando unidades de la Armada norteamericana al sur del mar Caribe, pero el gobierno de ha dicho poco sobre sus intenciones y la forma en que planea usar su fuerza militar para combatir el narcotráfico.

Este fin de semana, el Pentágono confirmó el envío a la zona del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, integrado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

Los navíos habían partido de Norfolk, Virginia, a principios de esta semana, pero tuvieron que volver para evitar el huracán Erin que afectó la región, lo que retrasó su despliegue.

El USS Iwo Jima es el mayor de los barcos de guerra desplegados, con tamaño comparable al de un portaviones mediano. Desde allí pueden operar unos 30 helicópteros y aviones de aterrizaje vertical, como los Harrier. Junto a los otros barcos del contingente, tiene la capacidad de transportar y desembarcar tropas de combate.

El USS San Antonio, por su parte, es un buque diseñado para el desembarco de tropas y equipo mediante lanchas y aeronaves, mientras que el USS Fort Lauderdale aporta capacidades adicionales de transporte y apoyo logístico.

Según la página web del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el objetivo del grupo anfibio es “llevar a cabo operaciones de presencia y embarcar de manera segura a los marines en tierra para llevar a cabo una amplia variedad de misiones de contingencia“.

Además, el despliegue militar cuenta con una Unidad Expedicionaria de Marines compuesta por unos 2200 infantes de marina y una fuerza de élite capaz de ejecutar operaciones aéreas, marítimas y terrestres.

También se enviaron varios aviones de vigilancia P-8, también conocidos como Poseidón, diseñados para reconocimiento, vigilancia y guerra antisubmarina, y un submarino nuclear, capaz de lanzar misiles de largo alcance y operar en misiones de inteligencia y disuasión, según informaron las autoridades.

Además, dos buques de guerra destructores se dirigen a una zona fuera de las aguas venezolanas, el USS Jason Dunham y el USS Gravely, ambos parte de una reciente campaña contra la milicia hutí en el mar Rojo.

Un tercer destructor, el USS Sampson, fue visto por ultima vez próximo al canal de Panamá del lado del Pacífico de acuerdo con el sitio de monitoreo de navíos Marine Vessel Traffic.

Estos buques de guerra clase DDG 51 son destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, armados con sistemas de combate Aegis con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar combates antiaéreos y antisubmarinos, así como derribar misiles balísticos, y cada uno puede llevar una tripulación de más de 300 marineros, a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora.

Los mismos, son capaces de “operar de forma independiente o como parte de Grupos de Ataque de Portaaviones, Grupos de Acción de Superficie y Grupos de Ataque Expedicionarios”, según la página web de la Armada norteamericana.

“Al enviar tres destructores Arleigh Burke frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está aportando una capacidad de ataque terrestre seria a través de misiles Tomahawk”, dijo el almirante James Stavridis, quien fue jefe del Mando Sur estadounidense y ahora está retirado. “También una sofisticada recopilación de inteligencia, seis helicópteros avanzados, mil marineros y un sofisticado control de mando para ejecutar operaciones antinarcóticos en el mar”.

Durante mucho tiempo, la Marina estadounidense ha interceptado y abordado barcos sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera al mando de manera temporal para invocar a la autoridad policial. Pero la escala de las fuerzas que el Pentágono está movilizando, sumada a la orden de Trump, sugiere que el gobierno está contemplando acciones que van mucho más allá de las interceptaciones marítimas de tipo policial.

Grises en la ley
Las intenciones operativas concretas del gobierno se están manteniendo inusualmente en secreto, incluso dentro del poder ejecutivo, según varios funcionarios. Sigue sin quedar claro, por ende, qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando el gobierno para cualquier operación que utilice la fuerza armada.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra, dijo que el gobierno norteamericano debería pedir autorización al Congreso si planea utilizar la fuerza militar contra Venezuela. Aunque hay muchos ejemplos de países que han utilizado incidentes de otra índole como pretexto para iniciar guerras, dijo, “si Estados Unidos se sale de su camino para elegir el combate, eso no es defensa propia”.

Tampoco resulta evidente el modo en que la administración norteamericana pretende interpretar la legislación nacional e internacional en lo que respecta al alcance y los límites de su capacidad para utilizar la fuerza contra presuntos narcotraficantes.

Una cuestión es si quiere que los militares utilicen normas de tiempos de guerra aunque el Congreso no haya autorizado ningún conflicto armado, o si simplemente busca proporcionar más músculo a las operaciones que aún se rigen por las normas de aplicación de la ley.

Estos problemas legales se derivan de las declaraciones realizadas a principios de este mes por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien afirmó que designar a los cárteles como grupos “terroristas” permite “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos”.

Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, eso es inexacto. Aunque el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra una organización terrorista, Al Qaeda, no ha concedido permiso para hacer la guerra contra otros grupos no relacionados, aunque el poder ejecutivo también los llame “terroristas”.

La legislación estadounidense permite al gobierno imponer sanciones, como el bloqueo de activos, contra los grupos a los que califica de ese modo, pero eso no da la autoridad para emprender operaciones de tipo bélico dirigidas contra ellos.

Agencia Reuters y diario The New York Times